Encuentro Argentina Soberana y Popular - PS Provincia de Buenos Aires

El pasado fin de semana se realizo en Chapadmalal el Encuentro Nacional de Construcción Política ARGENTINA SOBERANA Y POPULAR, Bases para un proyecto democrático de Liberación.
Organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Nacion, el Consejo Federal de Juventud y la Agrupacion AJUS (abogados por la justicia social)

El encuentro centro su análisis en cuatro ejes conceptuales que permitieron abordar distintas dimensiones soberanas del Proyecto Nacional y Popular y su realización en la sociedad democrática: Soberanía Económica, Soberanía Social, Soberanía Nacional e integración Latinoamericana y Soberanía Política

El perfil de los participantes fue ser compatible con el de los panelistas, y por lo tanto se cumplio con las exigencias de legitimidad en el marco de su construcción política, asistieron mas de mil jovenes integrantes de los espacios de juventud del colectivo que representan, abordaron con solvencia técnico-política el análisis de las dimensiones soberanas y su posterior debate en sus respectivos espacios de participación política. La convocatoria se dirigio principalmente a profesionales y técnicos militantes del Proyecto de país.

A dicho evento, asistiron dirigentes jóvenes del Partido Socialista de la Pcia de Buenos Aires, con la intención de plantear y participar en el debate del proyecto de país.

“Sabemos que hay cuestiones que todavía están sin resolver, pero desde nuestro espacio queremos insistir en la profundización de políticas públicas y sociales que logren insertan a los que en los 90 y mucho antes se cayeron del mapa y hoy no encuentran como hacerle frente a esta situación.”
“Por otro lado vamos a seguir apoyando las medidas que están directamente relacionadas con nuestro principios ideológicos y criticaremos lo que atente contra el campo popular, pero si, no vamos a oponernos solo por gimnasia ni mucho menos priorizar las encuestas como hoy hacen muchos sectores que se denominan progresistas.” Remarcaron los representantes del PS Pcia de Bs. As. Juan Pablo Tarcetano y Julia Sequeira los cuales integraron la comitiva de este espacio político.

Los debates rondaron en torno de la temática de la soberania politica, economica y social y latinoamericana. En el panel de soberania economica participó Juan Pablo Tarcetano, un compañero socialista con amplia trayectoria en el sector de la economia social miembro de la Comisión Directiva del Instituto para la promoción de la Economia Solidaria quien disertó sobre el rol de la economia social en el proyecto nacional, y propuso ciertos ejes para consolidar dicho sector tal como una nueva ley de cooperativas de trabajo, la ley de quiebras para empresas recuperadas y una nueva ley de entidades financieras como la ya presentada por el diputado Heller en el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo economico y social, en dicho encuentro participaron tambien muchas Mutuales del Bicentenario como la Mutual Jóvenes por la Cultura Popular de Junín y la Mutual América Morena de Morón.Quienes presentaron un documento sobre Economía Social y Solidaria en el proyecto nacional.

El encuentro finalizó con una impronta de lucha y consolidacion del Proyecto nacional y Popular, por una Argentina Soberana y Popular

Democratizar el crédito, financiar la inclusión.

Miguel Martínez
Secretario Parlamentario del Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario

Alguna vez escribió Marx que si el dinero viene al mundo con sangre en su mejilla, “el capital lo hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies”. Si a alguien le parece la frase un poco exagerada, hay que decir sin embargo que se ajusta con dolorosa precisión a lo que fue la sanción en 1977, por parte del gobierno militar, de la ley 21.526 de Entidades Financieras.

Aquella norma constituye uno de los ejes centrales del proyecto político-económico que nació con la dictadura y se consolidó durante la década del ‘90, el cual eliminó todo tipo de restricción a la entrada y salida de capitales para poner a la Argentina al servicio del nuevo modelo de acumulación financiera. La consecuencia fue un cuadro de pauperización, endeudamiento y destrucción del aparato productivo que llevó a los argentinos a la peor crisis de la que tuviéramos memoria.

Actualmente, la ley de Entidades Financieras sigue vigente. Y si bien ha sido modificada en varios aspectos, su historia, su espíritu y su cuerpo siguen siendo un obstáculo para la recuperación de nuestro país. De ahí la enorme trascendencia que tiene la presentación del proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social por parte de los diputados nacionales del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

La iniciativa parte de una definición concreta pero profunda: no son entidades lo que hay que regular, sino la prestación de un servicio público. Ya no será sólo el mercado quien rija el sistema financiero, sino que el Estado tendrá el deber de controlar y garantizar condiciones básicas de acceso. Los bancos dejarán de ser jugadores de la timba financiera, para ser instrumentos del desarrollo productivo del país, llevando así más trabajo, más vivienda y mejores condiciones de vida a los argentinos y las argentinas. Se definen servicios financieros esenciales que toda entidad deberá dar con márgenes de ganancia mínimos o sin costo.

Paralelamente se impulsa una desconcentración geográfica de las entidades, empujándolas a las zonas alejadas de las grandes ciudades. Al menos un 40% de los créditos de las entidades deberán ser para micro, pequeñas y medianas empresas, redireccionando el ahorro –al revés de lo que ha pasado durante los últimos años de alto crecimiento económico- a inversión productiva y generación de empleos.
Los topes a las tasas de interés; la limitación a la concentración oligopólica de la oferta crediticia; la obligación de las casas matrices de responder con su patrimonio en caso de quiebra de una sucursal; la creación de un fondo de garantía para cubrir a los pequeños ahorristas ante una crisis sistémica y la figura del Defensor del Usuario de Servicios Financieros, entre otras tantas disposiciones, tienden a construir un sistema financiero sólido, estable, previsible, democrático y al servicio de los intereses del país.

En estos días, donde se están dando algunas batallas contra los grupos más concentrados del poder, es necesario que nuestra democracia se fortalezca y se libere de las trabas que la atan al pasado. Una nueva ley de servicios financieros es deuda, pero también promesa. Es dejar de mirar hacia atrás para empezar a construir futuro.

* Fuente: El Diario de Morón - http://www.eldiariodemoron.com.ar/img/tapa_123.pdf

Netbooks para educar! - Socialismo de Morón

La Presidenta en el dia de ayer lanzo un plan donde todos los estudiantes secundarios de escuelas públicas de todo el país recibirán gratis una computadora portátil cada uno. Son aproximadamente 2,9 millones de alumnos y 200 mil docentes. La entrega comenzará este año –se repartiría el primer medio millón– y terminará en 2012. Se prevé invertir 750 millones de dólares en la compra de los equipos.
La iniciativa tiene como objetivo, achicar la brecha de acceso a la informática: entre un alumno de la ciudad de Buenos Aires y otro del interior del país. Es la búsqueda de igualar oportunidades a través de la enseñanza, con el Estado como su principal promotor.

“Nuestra generación accedía a la información a través del libro, los chicos lo hacen hoy a través de la web. No debemos horrorizarnos, si un chico es capaz de estar frente a la computadora varias horas es porque tiene las dos condiciones básicas para el aprendizaje: constancia y poder de abstracción. Lo que tenemos que entender es que han encontrado un nuevo instrumento”, afirmó Cristina Fernández en su discurso, transmitido por cadena nacional, después del paso de Brieva y de una orquesta de chicos de Santa Fe que tocaron con los instrumentos que el Gobierno les envió hace un año.

El cronograma de distribución que armó el Ministerio de Educación concluye en octubre. A esas computadoras se sumaría una cifra similar del nuevo programa para ser repartidas antes de fin de año. En ambos casos, además de las máquinas, el Gobierno destinará partidas especiales para dotar de Internet inalámbrica a los colegios, comprar enrutadores para establecer la red áulica, muebles de guarda y recarga de dispositivos y pendrives, entre otros elementos.

Con esta medida, que se hace posible a partir del financiamiento de la Anses por la recuperación de los fondos que antes administraban las AFJP, el Gobierno profundiza las políticas de carácter universal, como la asignación por hijo y la moratoria para acceder a la jubilación. El ministro de Economía, Amado Boudou, destacó que la intención es alimentar un círculo virtuoso de más y mejor empleo, que redundará en mayores aportes para los jubilados del futuro.

Por su parte, Juan Pablo Tarcetano, dirigente del socialismo de moron, enfatizo la importancia de esta medida y dijo: "Nuestros jovenes tendran hoy el acceso a la informática que tanto necesitan para complementar su formación, esta herramienta hoy es fundamental. Aplaudo la medida y creo que es un paso importantisimo para la profundización del modelo educativo.

Fuente: Pagina 12
Prensa Casa del Pueblo Morón

Instituto nacional de Promoción de la Economía Solidaria

El pasado viernes 4 de diciembre, en el marco de una reunión organizada por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se acordó la representación juvenil en el Instituto nacional de Promoción de la Economía Solidaria.
De esta forma la mesa política, que estará integrada por reconocidos cooperativistas y mutualistas del país, contará con la representación de un militante de la provincia de Santa fe y del Secretario de Desarrollo Territorial de la Juventud Socialista de la Pcia. de Bs. As, Juan Pablo Tarcetano.

Es importante destacar que quienes conformarán este equipo de trabajo construyen día a día la Economía Social, generando oportunidades para quienes han quedado fuera del mapa laboral, insertándolos nuevamente y brindándoles las mismas oportunidades para cubrir sus necesidades básicas de vida económica. Por su parte, Juan Pablo Tarcetano, viene llevando a cabo un trabajo concreto y significativo, a lo largo de muchos años de militancia política y social paso por muchas organizaciones lo cual le dio un crecimiento personal y político que hoy le permite poder estar al frente de grandes proyectos políticos y sociales.

Por esta razón, el Movimiento Mutual y Cooperativo de la República Argentina convoca a la constitución del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria que se realizará el día miércoles 9 de diciembre de 2009 a las 19.30, en la Asociación Mutual del Banco Provincia -Balcarce 326, CABA-.

Esta convocatoria está basada en la necesidad de crear un organismo que potencie las fortalezas de la Economía Social a través de la investigación, capacitación y construcción de liderazgo, en forma sistemática y permanente, para participar de manera activa de los espacios de toma de decisiones y construir una agenda propia del sector de la Economía Social en todo el país.

Estos objetivos sólo se alcanzarán con la ayuda de todos los sectores sociales que sean parte de un proyecto nacional cuyo único norte sea el bienestar de toda la comunidad.



Juan Pablo Tarcetano trabajó en la Dirección de Economía Social del municipio de Morón durante 2 años.

Entre varios proyectos en los cuales participó y coordinó se destaca la creación de la Federación de Economía Social de Morón y zona Oeste, donde se concretó un proyecto de micro créditos para emprendedores y el Centro para el Desarrollo de la Economía Social (cedes).

También organizó la Feria de la Cooperación en el año 2008. Allí confluyeron cooperativas y mutuales de todo el país, dándose en este evento una fuerte discusión para que el sector de la Economía Social tenga incidencia en la producción nacional y en la distribución de la renta para que deje de pertenecer a una economía de subsistencia y pase a convertirse en una alternativa genuina de producción nacional y de generación de pleno empleo.


Colaboró en la creación de una regional de la Dirección de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires junto con el Director Carlos Boufflett.



Prensa Casa del Pueblo Morón - Partido Socialista de la Pcia. de Bs. As.
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Prensa: 1544357983 - Facundo Avila

La otra cara de la reforma política

La nunca bien ponderada reforma política, eufemismo que en general refiere a la modificación del régimen electoral y del sistema de partidos, se ha instalado en los medios masivos de comunicación desde hace algunos días a partir de la decisión del Gobierno nacional de enviar al Congreso un proyecto sobre el tema.
Entre sus puntos centrales, se destaca la obligatoriedad de internas abiertas y simultáneas para todos los partidos, el endurecimiento de los requisitos para crear nuevos partidos así como para sostener la personería de los ya existentes y nuevas regulaciones sobre el financiamiento de las campañas electorales.
Como no podía ser de otra manera, algunos sectores de la oposición ya se han manifestado en contra del proyecto, rechazándolo o denostándolo, basados en una poco profunda lectura del texto en cuestión o, directamente, en una visión apocalíptico-conspirativa que –¡gran ventaja!- permite oponerse sin ningún otro fundamento a cualquier iniciativa que provenga del oficialismo. En fin.
Ahora bien, más allá del imprescindible debate que deberá darse en torno al proyecto, quisiera llamar la atención sobre un aspecto de la reforma anterior a la propia legislación, pero tan importante o más que la misma.
La despolitización y desmovilización de la ciudadanía es, posiblemente, la variable más importante para explicar la crisis de las instituciones políticas por la que estamos atravesando. Estos dos factores, deliberadamente buscados por la dictadura primero y el neoliberalismo después, se conjugaron dando como resultado el desprecio de la sociedad por la política. De esta manera, los partidos se vaciaron, el debate de ideas fue nulo, las instancias internas de control perdieron su capacidad de acción. Desde ya, todo lo anterior fue el campo de cultivo para la proliferación de las prácticas clientelares, la corrupción y el travestismo político, entre otros males. Del mismo modo, se sentaron las bases para que los medios masivos de comunicación adquirieran la enorme gravitación que ostentan hoy en día.
En este sentido, pretender que sólo mediante la ley se puede regenerar una situación que es producto de décadas y procesos sociales altamente complejos, resulta por lo menos inocente.
No importan el diseño institucional, la regulación de la vida de los partidos, las modificaciones al régimen electoral o el debate sobre el hiperpresidencialismo si no abordamos, en paralelo, la urgente tarea de reconciliar a la sociedad con la cosa pública. No puede haber Política, con mayúsculas, allí donde sólo hay corporaciones, dirigentes e instituciones sin pueblo.
Quizá la ley de servicios de comunicación audiovisual nos pueda servir como ejemplo de esto último, en dos sentidos: primero, en cuanto la lucha que durante años llevaron adelante organizaciones del campo popular se vio reflejada en un proyecto que necesariamente se vio obligado a incorporar sus propuestas –más allá de que la voluntad política del gobierno fue imprescindible para su aprobación-. Segundo, que dicha ley no tuvo sólo la –regateada- legitimidad que confiere su mera sanción, sino la que le otorga el haber sido discutida en múltiples foros abiertos a la sociedad civil. Mal que le pese a algunos, esto no puede significar menos democracia, sino todo lo contrario.
Por eso considero imperioso discutir sobre cómo se reconstruye una sociedad comprometida, movilizada, interesada por lo público. Llevemos el debate político a la ciudadanía, desde la honestidad y la confrontación de ideas. Si no lo hacemos, me temo, cualquier reforma será en vano.

Miguel Martinez
Secretario General Centro Socialista de Moron

Voz, verdad, política

Sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Dicen que para muestra sobra un botón. Pues bien, vaya entonces un botón de muestra de lo que es la Ley de Radiodifusión de la dictadura: según la norma, vigente al día de hoy, la autoridad gubernamental que debe regular la actividad y el direccionamiento de los medios masivos de comunicación está integrada por 5 miembros: uno por cada una de las fuerzas armadas, un representante de los empresarios y otro nombrado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Debe quedar más que claro que este hecho resume el espíritu que domina toda la ley, al igual que aquellos que prohíben la participación del Estado en la comunicación y la de los medios sin fines de lucro (como las cooperativas). Si bien algunos de estos puntos fueron parcialmente modificados durante este último tiempo, es imprescindible tener en cuenta que la ley actual busca explícitamente el control estatal, la imposición de valores “occidentales y cristianos”, la concentración de los medios y una concepción meramente comercial de la comunicación.
Lo anterior justifica, por sí, la necesidad imperiosa de una nueva ley. Que se adecue a los principios de una sociedad democrática. Que reconozca que el Estado debe tener un rol fundamental en la regulación, para impedir el avance desmedido de unos por sobre otros, así como para asegurar el acceso a la información a aquellos a quienes las empresas abandonan porque no les resulta rentable proveerles su servicio. Que favorezca el acceso a las licencias a quienes hacen de los medios una herramienta para transmitir sus ideas y no para obtener ganancias, como por ejemplo las cooperativas, las universidades, los sindicatos, los pueblos originarios, etc. Que, finalmente, en un mundo cada vez más marcado por la influencia incontenible de los medios masivos de la comunicación, conciba a la información como un derecho y no como una mercancía, derecho que para que sea cumplido de manera real debe estar garantizado por una pluralidad de voces… pluralidad que hoy no existe.
Hay en todo este asunto una verdad tan evidente como ocultada: democratizar el acceso a la información implica avanzar sobre la posición privilegiada de quienes hasta hoy han gozado del esquema de concentración, constituyendo así un poder no-institucional que, en muchas ocasiones, hasta se ha llevado puesta la institucionalidad misma. Es esta verdad justamente la que explica el silencio con que se ha condenado desde los medios masivos algunas otras verdades, así como la amplificación que han tenido tantas mentiras infames.
Resulta tragicómico escuchar que esta es una ley que nace de la vocación totalitaria del gobierno. No interesa aquí discutir si existe tal vocación; pero es necesario decir que el proyecto de ley se basa en los puntos desarrollados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un colectivo heterogéneo, respetado y citado por todas las fuerzas políticas, que desde hace cinco años viene trabajando este tema y logró 21 puntos de consenso que han sido tomados casi en su totalidad por la propuesta oficial. También es dramático y gracioso ver a los opositores denostar la ley invocando los “21 puntos” mientras aquellos que los redactaron les pedían por favor que apoyaran la iniciativa.
Indigna escuchar que esta ley no ha sido discutida, cuando –además de los años de trabajo de la Coalición- el proyecto de ley recorrió el país y se debatió en decenas de foros en donde participaron académicos, trabajadores, sindicatos, ong’s, partidos políticos, medios comunitarios, pueblos originarios y todo aquel que estuvo interesado en el tema. Quienes sostienen que estos foros no son representativos (o que han sido todos comprados por el oficialismo) transpiran el sudor rancio de la soberbia iluminista, tan propia del siglo XIX, y manifiestan un desprecio tan furioso por la inteligencia del pueblo que no merecen ni siquiera respeto.
Se nos miente cuando se afirma que la ley promueve la concentración totalitaria de los medios en poder del Estado. La nueva autoridad de aplicación será un órgano plural, con participación de las fuerzas políticas opositoras. Algunos plantean que la mayoría de la fuerza oficialista es un sesgo autoritario, como si no fuera el poder ejecutivo el que debe fijar las políticas que regulan un tema tan importante. ¿Deberían acaso conducirlo las fuerzas opositoras, que por definición, representan a una porción minoritaria de la sociedad? ¿No es esto acaso otro insulto a los mecanismos democráticos? La presencia de opositores en el órgano ejecutivo no está pensada para que sean éstos quienes le fijen el rumbo, sino para que ninguna decisión pueda ser tomada en la penumbra de la impunidad. Pero si eso resultara insuficiente como mecanismo de control, se crea también un amplio consejo asesor, con funciones importantísimas como realizar los pliegos de licitación de licencias y elegir a los jurados. Y si ello no alcanzara, se crea también una comisión bicameral de seguimiento. Y se instituye el “defensor del público”.
¿Cuántos más controles se le puede pedir a una ley? ¿O será que la oposición le pide a una ley que sea más que la ley misma, que garantice aquello que no puede garantizar jamás, que deje de ser ley para ser realidad efectiva? Se y nos engañan quienes se oponen con estos argumentos. Una ley, por definición, no puede evitar jamás que alguien haga un uso indebido de ella; por algo existe el refrán que reza “hecha la ley, hecha la trampa”. De lo que se trata es de que la ley fije los mecanismos de control y los derechos para que luego éstos puedan ser demandados y protegidos en caso de una violación.
En otras palabras, no se le puede pedir a una ley que haga lo que debe hacer la política.
Y llegados a este punto, entonces, es necesario señalar –con preocupación- que muchas fuerzas políticas están usando argumentos para oponerse a la ley que atentan contra la política misma. Y este es un pecado imperdonable cuando lo cometen quienes hacen política, porque cuando muere la política festejan las corporaciones dominantes y se fija por decreto la impunidad.
Ahora bien, si este pecado es nefasto en sí, cuando lo cometen sectores “progresistas” o de izquierda se vuelve execrable.
Esta es una oportunidad histórica no sólo para tener una nueva y mejor ley de servicios de comunicación audiovisual, sino para que el campo popular consolide una victoria política enorme y un avance sin precedentes en términos de acumulación de capacidades, de experiencia y de posibilidades.
Quienes se paralizan frente al miedo de que un gobierno –este o cualquier otro- pueda utilizar esta ley en beneficio propio, ignoran que esta ley es el resultado de años de lucha de compañeros y compañeras y que, afianzarlo, implica un triunfo valioso. Reconocer este hecho no quiere decir renunciar a ideas, casarse con el partido de gobierno o pretender que hemos llegado al límite de nuestras posibilidades.
Por el contrario, supone que hemos dado apenas un paso más en un camino de lucha que sigue siendo largo y cuesta arriba, pero un paso que nos posiciona mejor para encarar nuevas batallas, que nos permite unirnos y articular mejor nuestros esfuerzos, que nos anima a proponernos como impulsores de una transformación que trasciende a las personas u organizaciones que circunstancialmente se encuentran a favor o en contra.
El avance es parcial, es cierto; tan cierto como que renunciar a las mejoras por aspirar a la totalidad implica la más absoluta parálisis. Y parálisis es antónimo de política, que por definición es movimiento y cambio; “Un ánimo que aspira a la totalidad está muerto aunque pretenda ser bello”, escribió Hegel alguna vez.
Por eso, avancemos, cambiemos, transformemos. Construyámonos como actor, construyamos un nuevo sentido común, construyamos una nueva realidad. Y no dudemos que, aun con limitaciones, esta nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un gran paso en ese sentido.

Miguel Martínez
Sec. Gral. del Centro Socialista "Alfredo Bravo" de Morón
Asesor del Diputado Ariel Basteiro
Lic. en Ciencias Políticas en la UBA

Lo que se puede y lo que no - Ley de -medios

Por Raúl Degrossi

Se puede criticar al gobierno, a la presidenta, a los funcionarios, a los jueces, a los empresarios, a los sindicalistas y hasta al Papa, porque eso es libertad de expresión.
No se puede cuestionar un artículo, una nota, un editorial, a un periodista o la orientación de un medio de comunicación, porque eso es censura.
Se puede mostrar a personas desnudas en el cine, en teatro, en televisión e Internet, aunque sean de menores de edad y esté penado por las leyes, o vaya en contra de sus derechos.
No se puede mostrar el rostro del principal ejecutivo del Grupo Clarín, porque eso es un ataque a la libertad de prensa, abusando de una persona enferma.
Se puede conocer el patrimonio de los funcionarios públicos, desde la Presidenta para abajo, accediendo por Internet a sus declaraciones juradas.
No se puede conocer en detalle quienes son los verdaderos propietarios de algunos medios de comunicación, o cuánto ganan mensualmente algunos periodistas estrella de la radio y la televisión que pontifican sobre la honestidad, la ética y la transparencia.
Se puede conocer en cuánto se han enriquecido los funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones, analizar si lo han hecho en forma ilícita a partir de sus ingresos declarados, y hasta llevarlos a juicio si se presume que lo han hecho en forma ilícita.
No se puede saber a ciencia cierta cuánto dinero facturan los grandes grupos económicos que dominan el negocio de la comunicación, si pagan regularmente los (pocos) impuestos que les corresponden, y si han declarado al fisco todos sus activos en el exterior.
Se puede echar sombra sobre la honestidad de los legisladores que votan de un determinado modo en el Congreso, si el sentido de su voto (aunque haya sido negativo) favorece la sanción de una iniciativa promovida por el gobierno.
No se puede ni siquiera dudar en público o por escrito de los motivos que convencieron a los legisladores de votar la ley de protección de empresas culturales, que salvó de la quiebra a un connotado grupo de multimedios, o a un presidente de disponer por decreto la pesificación de deudas en dólares que licuó los pasivos de ése mismo grupo.
Se puede conocer en detalle la lista de los periodistas perseguidos, secuestrados, torturados, desaparecidos o muertos por la última dictadura militar.
No se puede conocer la lista de los periodistas que -durante años- obtuvieron el beneficio de gozar de jugosos sobresueldos pagados con fondos reservados de la SIDE, para elogiar al gobierno de turno, u ocultar sus errores y corruptelas.
Se puede intentar la búsqueda de la verdad histórica y la justicia por los horrores de la dictadura, venciendo todo tipo de obstáculos, y permitir que más de cien chicos conozcan su verdadera identidad.
No se puede saber a ciencia cierta si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son o no hijos de desaparecidos ilegítimamente apropiados.
Se puede conocer hasta el más mínimo detalle de las quejas y reclamos al gobierno de la Mesa de Enlace, la UIA, la Unión Industrial, los bancos o cualquier otro grupo de presión, incluso hasta de origen sindical según quien sea el que lo formule, porque son legítimas demandas de la sociedad.
No se puede saber en que condiciones trabajan los empleados de los medios de comunicación, si sus patrones respetan las leyes laborales, si han sido justamente despedidos cuando lo son, si se les pagan las indemnizaciones o se les otorgan aumentos de sueldo o los reclaman, porque ninguna información sobre eso circula en los medios de comunicación.
Se pueden invocar todos los pactos y tratados internacionales de derechos humanos para defender nuestros derechos, incorporarlos a la Constitución Nacional para darles más valor y, en base a ellos, derribar las leyes que construyeron un muro de impunidad para los crímenes de la dictadura.
No se puede aplicar, invocar, legislar ni reglamentar el derecho de réplica que esos mismos pactos consagran, porque es considerado atentatorio de la libertad de expresión.
Se puede investigar a fondo como una empresa, un negocio o un servicio son privatizados o concedidos, o vuelven a la órbita del Estado, quiénes y en qué condiciones los compraron o vendieron, cuánto pagaron o les pagaron por hacerlo.
No se puede saber con detalle en qué condiciones los dos principales diarios del país obtuvieron de la dictadura el control monopólico de la mayor proveedora de papel para impresión del país, y en qué condiciones lo venden al resto de los diarios aprovechando esa condición dominante.
Se pueden utilizar los medios para insultar, agredir, descalificar, injuriar, mentir, ocultar, extorsionar, operar para obtener una medida del gobierno o para impedirla: todo, claro, está adornado con el bello nombre de la libertad de prensa.
No se puede usar la palabra Clarín en un blog.
Se puede cuestionar, discutir, debatir y poner en tela de juicio todas y cada una de las decisiones de este gobierno y de todos los anteriores y los que lo sucederán, criticando su oportunidad, su acierto, sus intenciones, sus contenidos y sus resultados.
No se puede discutir, en democracia y por el Congreso, una ley que reglamente el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual, porque es un intento despótico de controlar al periodismo independiente.
Viendo todo lo que se puede y lo que no se puede hacer me pregunto: ¿por qué razón siguen llamando al periodismo, la prensa o los medios de comunicación “el cuarto poder”? ¿Cuáles son los otros tres que están por encima de ellos?