Miguel Martínez
Secretario Parlamentario del Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario
Alguna vez escribió Marx que si el dinero viene al mundo con sangre en su mejilla, “el capital lo hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies”. Si a alguien le parece la frase un poco exagerada, hay que decir sin embargo que se ajusta con dolorosa precisión a lo que fue la sanción en 1977, por parte del gobierno militar, de la ley 21.526 de Entidades Financieras.
Aquella norma constituye uno de los ejes centrales del proyecto político-económico que nació con la dictadura y se consolidó durante la década del ‘90, el cual eliminó todo tipo de restricción a la entrada y salida de capitales para poner a la Argentina al servicio del nuevo modelo de acumulación financiera. La consecuencia fue un cuadro de pauperización, endeudamiento y destrucción del aparato productivo que llevó a los argentinos a la peor crisis de la que tuviéramos memoria.
Actualmente, la ley de Entidades Financieras sigue vigente. Y si bien ha sido modificada en varios aspectos, su historia, su espíritu y su cuerpo siguen siendo un obstáculo para la recuperación de nuestro país. De ahí la enorme trascendencia que tiene la presentación del proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social por parte de los diputados nacionales del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.
La iniciativa parte de una definición concreta pero profunda: no son entidades lo que hay que regular, sino la prestación de un servicio público. Ya no será sólo el mercado quien rija el sistema financiero, sino que el Estado tendrá el deber de controlar y garantizar condiciones básicas de acceso. Los bancos dejarán de ser jugadores de la timba financiera, para ser instrumentos del desarrollo productivo del país, llevando así más trabajo, más vivienda y mejores condiciones de vida a los argentinos y las argentinas. Se definen servicios financieros esenciales que toda entidad deberá dar con márgenes de ganancia mínimos o sin costo.
Paralelamente se impulsa una desconcentración geográfica de las entidades, empujándolas a las zonas alejadas de las grandes ciudades. Al menos un 40% de los créditos de las entidades deberán ser para micro, pequeñas y medianas empresas, redireccionando el ahorro –al revés de lo que ha pasado durante los últimos años de alto crecimiento económico- a inversión productiva y generación de empleos.
Los topes a las tasas de interés; la limitación a la concentración oligopólica de la oferta crediticia; la obligación de las casas matrices de responder con su patrimonio en caso de quiebra de una sucursal; la creación de un fondo de garantía para cubrir a los pequeños ahorristas ante una crisis sistémica y la figura del Defensor del Usuario de Servicios Financieros, entre otras tantas disposiciones, tienden a construir un sistema financiero sólido, estable, previsible, democrático y al servicio de los intereses del país.
En estos días, donde se están dando algunas batallas contra los grupos más concentrados del poder, es necesario que nuestra democracia se fortalezca y se libere de las trabas que la atan al pasado. Una nueva ley de servicios financieros es deuda, pero también promesa. Es dejar de mirar hacia atrás para empezar a construir futuro.
* Fuente: El Diario de Morón - http://www.eldiariodemoron.com.ar/img/tapa_123.pdf
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