La otra cara de la reforma política

La nunca bien ponderada reforma política, eufemismo que en general refiere a la modificación del régimen electoral y del sistema de partidos, se ha instalado en los medios masivos de comunicación desde hace algunos días a partir de la decisión del Gobierno nacional de enviar al Congreso un proyecto sobre el tema.
Entre sus puntos centrales, se destaca la obligatoriedad de internas abiertas y simultáneas para todos los partidos, el endurecimiento de los requisitos para crear nuevos partidos así como para sostener la personería de los ya existentes y nuevas regulaciones sobre el financiamiento de las campañas electorales.
Como no podía ser de otra manera, algunos sectores de la oposición ya se han manifestado en contra del proyecto, rechazándolo o denostándolo, basados en una poco profunda lectura del texto en cuestión o, directamente, en una visión apocalíptico-conspirativa que –¡gran ventaja!- permite oponerse sin ningún otro fundamento a cualquier iniciativa que provenga del oficialismo. En fin.
Ahora bien, más allá del imprescindible debate que deberá darse en torno al proyecto, quisiera llamar la atención sobre un aspecto de la reforma anterior a la propia legislación, pero tan importante o más que la misma.
La despolitización y desmovilización de la ciudadanía es, posiblemente, la variable más importante para explicar la crisis de las instituciones políticas por la que estamos atravesando. Estos dos factores, deliberadamente buscados por la dictadura primero y el neoliberalismo después, se conjugaron dando como resultado el desprecio de la sociedad por la política. De esta manera, los partidos se vaciaron, el debate de ideas fue nulo, las instancias internas de control perdieron su capacidad de acción. Desde ya, todo lo anterior fue el campo de cultivo para la proliferación de las prácticas clientelares, la corrupción y el travestismo político, entre otros males. Del mismo modo, se sentaron las bases para que los medios masivos de comunicación adquirieran la enorme gravitación que ostentan hoy en día.
En este sentido, pretender que sólo mediante la ley se puede regenerar una situación que es producto de décadas y procesos sociales altamente complejos, resulta por lo menos inocente.
No importan el diseño institucional, la regulación de la vida de los partidos, las modificaciones al régimen electoral o el debate sobre el hiperpresidencialismo si no abordamos, en paralelo, la urgente tarea de reconciliar a la sociedad con la cosa pública. No puede haber Política, con mayúsculas, allí donde sólo hay corporaciones, dirigentes e instituciones sin pueblo.
Quizá la ley de servicios de comunicación audiovisual nos pueda servir como ejemplo de esto último, en dos sentidos: primero, en cuanto la lucha que durante años llevaron adelante organizaciones del campo popular se vio reflejada en un proyecto que necesariamente se vio obligado a incorporar sus propuestas –más allá de que la voluntad política del gobierno fue imprescindible para su aprobación-. Segundo, que dicha ley no tuvo sólo la –regateada- legitimidad que confiere su mera sanción, sino la que le otorga el haber sido discutida en múltiples foros abiertos a la sociedad civil. Mal que le pese a algunos, esto no puede significar menos democracia, sino todo lo contrario.
Por eso considero imperioso discutir sobre cómo se reconstruye una sociedad comprometida, movilizada, interesada por lo público. Llevemos el debate político a la ciudadanía, desde la honestidad y la confrontación de ideas. Si no lo hacemos, me temo, cualquier reforma será en vano.

Miguel Martinez
Secretario General Centro Socialista de Moron